Escribir un artículo sobre este recurso esencial y hacerlo sin querer –que no quiero– criticar la política no será fácil. Intentaré hacerlo, sobre todo, porque yo vengo de la política, y estoy seguro, convencido, de que los que gobiernan hoy el agua no quieren tener que cortarla y que saben qué medidas deben tomarse para evitarlo. También estoy seguro de que la oposición es consciente de que mañana puede estar en el Gobierno y que le puede tocar tener que gestionar una crisis como la que ya tenemos en la agenda política.
Cuando nuestra consejera, a la que deseo lo mejor y que, por aquellas casualidades de la vida, luce apellido del río más largo y caudaloso de la Tierra Santa, nos dijo que había agua para todo un año, en noviembre de el pasado año, transmitió unas previsiones erróneas de los técnicos a partir de unos modelos que no han sido suficientemente exactos. No ocurre nada. Cuando hacemos política, todos nos dejamos aconsejar por los técnicos, porque saben más y porque es lo más honesto. Lo que ocurre es que, si se equivocan, debemos ser capaces de virar previsiones y de activar –manu militari– actuaciones urgentes para evitar males mayores.
Y este Gobierno lo ha hecho. Ha tramitado un decreto con algunas medidas imprescindibles y otras que no hacían falta –o que modestamente creo que no era necesario, porque lo primero que hay que resolver es la urgencia y lo último que hay que poner sobre la mesa son diferencias de corte ideológico sobre cómo debe ser la gestión del recurso, si pública o privada, o sobre quien tiene responsabilidades que no ejerce suficientemente bien, para señalarlos, como son algunos ayuntamientos.
El decreto salió adelante sin apoyos, pero el presidente Aragonés llamó a todos a una cumbre para poder ordenar mejor el consenso que los ciudadanos queremos que haya en una cuestión capital. Pero la cumbre tampoco fue bien. Quiero decir: no hubo acuerdo. A pesar del desacuerdo, el Gobierno hará –espero– todo lo necesario para evitar que esta crisis se convierta en un auténtico problema social, económico y político.
Los grupos de la oposición, y en parte tienen razón, explican que el decreto no incluye suficientes inversiones, que sigue señalando a los ayuntamientos –hay que hacerlo, pero quizás no ahora que estamos en emergencia– y que sigue apostando por un modelo de gestión pública del recurso que, francamente, no se corresponde con los méritos que se han hecho para que así sea.
Todo el mundo sabe que de esta crisis sólo saldremos desde la colaboración público-privada, pero pocos lo defienden
Quiero decir que, si la Agencia Catalana del Agua (ACA) no ha acabado de desatascar inversiones primordiales; si los ayuntamientos no han realizado inversiones en la red; si las realizadas no se han podido poner en la tarifa; si se ha mantenido una modulada –menos por parte del Govern, más por parte del Área Metropolitana– hostilidad respecto de las compañías que dan el servicio y si todo el mundo sabe que de esta crisis sólo saldremos desde la colaboración público-privada, pero pocos lo defienden, no parece muy razonable seguir insistiendo en un modelo que, con excepciones, no da garantías suficientes a los ciudadanos.
Yo vivo en Badalona, donde este debate sobre la gestión pública es afortunadamente inexistente, dado que todo el mundo sabe que, como tenemos el Ayuntamiento –no es una crítica, es un dato objetivo–, no podemos confiarle nuestra agua de boca , viendo las dificultades que ha habido en los últimos años –con todos los gobiernos– para controlar brotes de legionelosis en equipamientos deportivos o para mantener debidamente las fuentes del municipio.
Como me gusta revisarme y autocriticarme, también debo confesar que, en los años en los que la ACA fue bajo mi Gobierno –que no responsabilidad directa–, seguramente fuimos demasiado estrictos en el retorno del deuda acumulada por el tripartito y que deberíamos haberla modulado con inversiones que hoy echamos de menos más avanzadas. También que, como responsable de la comisión de precios, que informa de las tarifas que nos proponen los ayuntamientos, deberíamos haber sido más duros advirtiendo -que lo hacíamos- de las pérdidas en la red y de la necesidad de resolverlas. Quiero decir que, hoy y ayer, hemos hecho cosas bien y mal. Que siempre podemos hacerlas mejor. Y que yo soy el primero en admitirlo.
Llegados a este punto, sí que hay que reconocer que Aigües de Barcelona tenía razón en sus previsiones y alertas de que este verano lo pasaríamos mal si no se tomaban medidas, y también que acertaba con un plan de inversiones en agua regenerada ‘Estado español debería haber tramitado como Next Generation, el cual no me consta que se haya aprobado ni por el Gobierno de aquí ni por el de allí.
Si se me permite una propuesta, aquí va: que el gobierno español apruebe un decreto de emergencia para activar todo este plan, que está financiado con fondos europeos, y que todas las acciones que se proponen se puedan realizar sin dilaciones que no hacen quedar muy bien a nuestros gobernantes, a los que deseo todo el acierto y suerte en los meses, secos, que venden.
Al fin y al cabo, si las hiciéramos, nuestro país sería mejor que Israel en la gestión de este recurso y el apellido de la consejera Jordà quedaría ligado a él, no sólo por una coincidencia en la geografía, sino, y sobre todo, por la aplicación de las mejores técnicas e inversiones disponibles para asegurar un recurso vital.
Ferran Falcó, presidente de la asociación Restarting Badalona
